Cuando hablamos de financiación pública a la ICAR no podemos limitarla a la casilla del IRPF. Este pequeño porcentaje (unos 250 millones) es el destinado únicamente al mantenimiento económico de la Conferencia Episcopal y a los sueldos de los curas. Pero, en realidad, se ponga la cruz en la Iglesia o en "otros fines de interés social", la parte del león se la llevan ellos, al controlar toda una red de pequeñas y grandes ONGs vinculadas y dependientes. La pasta gansa, en realidad, la sacan de la vigencia del Concordato del 79, que ningún gobierno ha derogado, y por el cual se destinan más de 10.000.000.000 de euros anuales a las arcas católicas (colegios subvencionados, sueldos de profesores de religión, curas en el ejército y los hospitales, exenciones de impuestos, mantenimiento de edificios y centros de culto, eventos públicos, "obra social", etc.). Todo esto contradice evidentemente la Constitución, ya que, se sea o no católico, cada español paga obligatoriamente una media de 20 euros mensuales a esta organización religiosa. Pero el hecho de apostatar NO CAMBIA NADA; es frecuente escuchar el argumento de que la apostasía reduce los ingresos de la ICAR. En realidad, ésta tiene razón cuando defiende que los libros de bautismo no son ficheros de datos acogidos a la LOPD, sino "registros históricos", y tampoco, racionalmente, están obligados a anotar junto al nombre del solicitante la coletilla de "apóstata". Ser o no apóstata, es decir, renunciar a la fe inculcada desde el bautismo por motivos sociales y familiares, es una decisión personal, que no tiene por qué reflejarse en los archivos de la secta o religión a la que se renuncia. Esto, en todo caso, les otorgaría una preeminencia (la del Derecho canónico sobre el civil) que precisamente el apóstata niega.
En cualquier caso, la ICAR sí utiliza el número de bautizados como herramienta de propaganda. De ahí que, también a efectos de propaganda, las campañas de apostasía en cierta manera molesten poco, puesto que se pone de manifiesto la ínfima parte de la población que la exige y la escasa repercusión pública que se consigue.
Hace años lanzamos, desde la Federación de Ateos, de la que fui coordinador, una provocativa campaña por la excomunión que utilizaba el propio sistema jurídico de la Iglesia católica como instrumento de denuncia. Puede leerse el "Manifiesto" completo aquí:
http://www2.elplural.com/media/00000080 ... 008280.pdfCabe a cada cual, masón o no, discernir si la condena a la Francmasonería sigue vigente, de acuerdo con los artículos del derecho canónico citados y con las declaraciones del propio Papa de Roma. Yo, personalmente, me siento muy contento de haber sido condenado a los infiernos...